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Solicitan que los ex funcionarios sean procesados por abuso de autoridad y falsificación de instrumentos públicos

Los fiscales federales de Corrientes, Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, y la Procunar pidieron el procesamiento del ex juez federal Carlos Soto Dávila y del ex secretario Penal Nº 2, Pablo Molina. El juez federal Juan Carlos Vallejos deberá resolver la solicitud. Solicitaron que los ex funcionarios sean procesados por abuso de autoridad y falsificación de instrumentos públicos.

Soto Dávila y Molina tienen abierta una causa -desde marzo- por presuntas escuchas telefónicas ilegales para espiar a la esposa de Molina y a una expareja de la mujer, informaron fuentes judiciales. Se hallaron discos con estas grabaciones, escuhas estas que se encontraron al investigar otra causa por supuesto narcotráfico. Es decir, Molina, habría ordenado en las escuchas de los supuestos investigados por narcotráfico, unas escuchas para su esposa y su ex pareja, lo cual sería con el fin de seguir los pasos de la mujer. De un total de 28 discos, 14 corres. Estos CD con diálogos entre Molina, su esposa y ella con su ex pareja, forman parte de los elementos reunidos en un expediente diligenciado por Soto Dávila, el Nº 2075/13, a partir de la cual se investigaba a una banda narcocriminal que operaba en Buenos Aires y Mendoza.

El pedido fue formulado por los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini y por el jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias. Solicitaron que los ex funcionarios sean procesados por abuso de autoridad y falsificación de instrumentos públicos, en los términos de los artículos 248º, 293º y 298º del Código Penal.

Las intervenciones fueron solicitadas a partir del 11 de septiembre de 2014, y realizadas por la Gendarmería Nacional, con el pedido explícito de Molina de no ser analizadas, ya que se transcribirían en el juzgado federal, adonde llegaron esas piezas en marzo de 2016. Allí quedaron hasta principios de 2019 en un cajón del escritorio que utilizaba Molina en la Secretaría Penal 2 del Juzgado Federal de Corrientes.

Los fiscales determinaron que “en la época en que se llevaban a cabo las intervenciones aquí analizadas, existía una causa abierta contra Molina, iniciada a partir de una denuncia formulada por la propia mujer como consecuencia de esta situación de maltrato”.







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