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(*) Por Alberto Fernandez 

Parece ser que Leonardo Fariña no es un "testigo protegido". Todo indica que es un acusado de fraudes fiscales que, con el fin de garantizar su libertad, se comprometió a recitar ante la prensa un libreto urdido por servicios de inteligencia del Estado. Ese libreto lo hizo cómplice y testaferro de Lázaro Báez sin serlo. Además, lo llevó a involucrar en todas sus presuntas trapisondas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

Hoy sabemos todo esto porque en el tribunal federal de Dolores se presentaron testigos calificados que así lo contaron y aportaron pruebas increíbles. Así supimos que el ministro de Justicia recibió en su despacho al "testigo protegido" al que le garantizó una casa particularmente cómoda; que el Ministerio de Seguridad le aseguró "sustento" a través de suculentos pagos y que la Agencia Federal de Inteligencia puso en texto cómo debía ser el "arrepentimiento" del testigo. En síntesis, a Fariña le ofrecieron libertad a cambio de repetir como cierta una historia cuidadosamente novelada.

 

Parece ser que Federico Elaskar, el que presuntamente lavaba dinero de Báez junto a Fariña, nunca lo hizo. Es más, parece ser que jamás conoció a Báez. Según ha contado en los tribunales orales que lo juzgan, parece ser que fue parte de una maniobra ideada por un sindicalista de dudosa reputación que lo indujo con mentiras a afirmar la existencia de aquel vínculo. Justo es decir que antes que Elaskar lo dijera, el mismo sindicalista contó la historia en televisión, mientras celebraba su impudicia brindando en honor a "la doctora", al amparo de las risas de un grupo de periodistas que de ese modo festejaban sus palabras.

 

Parece ser que un supuesto abogado, experto en seguridad y agente de la DEA fue detenido y en su casa encontraron documentación que daba cuenta de cómo, en acuerdo con fiscales y periodistas, se montaban escenarios donde algunos se "arrepentían" de sus delitos para preservar su libertad y otros eran extorsionados para no quedar atrapados en la denominada "causa de los cuadernos". Parece ser que también la documentación dejó en evidencia cómo se hacía inteligencia interna respecto de periodistas, empresarios y dirigentes opositores con la participación de miembros de las estructuras de la inteligencia oficial.

 

Parece ser que hubo un fiscal federal que participó, entre otras cosas, en la construcción del "festival de arrepentidos" con la ayuda de ese supuesto agente de la DEA y también de periodistas, "diputadas impolutas" y medios de comunicación. Parece ser que también, aprovechando los servicios de ese amigo espía, quiso saber detalles de la vida privada de quien fuera pareja de su actual mujer. Lo cierto es que, cuando fue convocado judicialmente a dar explicaciones y defenderse, prefirió callarse, ampararse en sus fueros y quedar en rebeldía.

 

Parece ser que, a diferencia de ese fiscal federal, hay otro fiscal que dice estar "arrepentido" de todas sus fechorías y, aunque reclama ser tratado como tal, parece ser que el fiscal federal de Dolores se niega a aceptarlo por temor a que sus confesiones terminen generando un escándalo de proporciones. En consecuencia, parece ser que hay un fiscal "arrepentido" al que otro fiscal no deja arrepentirse para poder facilitar su propósito de encubrir a presuntos delincuentes. A esta altura, los dos deberían estar arrepentidos de lo que han hecho.

 

Parece ser que hay un "defensor oficial" que entrega como culpables a quienes caen en sus manos en busca de una defensa. Y parece ser que su acción defensiva se ha convertido en un brazo operativo del fiscal que acusa.

 

Parece ser que en Argentina un empresario lleva meses detenido porque un "arrepentido" ha dicho que recibió de él, en un lugar público, la suma de nueve millones de dólares. Y parece ser que ese "arrepentido" que lo imputa no tiene la menor idea de en qué concepto ni por qué recibió semejante suma.

 

Parece ser que otros empresarios están presos con el solo propósito de que no vendan los bienes que la misma Justicia les ha embargado. Parece ser que, existiendo medidas cautelares que impiden la libre disposición del patrimonio, en Argentina eso se logra deteniendo personas.

 

Parece ser que hay hombres detenidos sin condena porque preservan "un poder residual" que les permite influir sobre otros. Pero parece ser claro que su influencia no ha servido para evitar el encarcelamiento arbitrario que soportan.

 

 

Parece ser que para la Justicia argentina Cristina Fernández de Kirchner debía saber sobre todo lo que ocurría en el Estado nacional mientras fue presidenta y por eso le cargan responsabilidad sobre las decisiones tomadas por el Banco Central en materia de dólar futuro, el memorándum firmado con Irán a instancias de la Cancillería y que fuera avalado por el Congreso Nacional o las licitaciones de obra pública, aprobadas en el presupuesto nacional y ejecutadas entre las provincias y Vialidad Nacional.

 

Pero parece ser que, al mismo tiempo, la Justicia no puede atribuirle responsabilidad a Paolo Rocca por las cosas ocurridas en Techint, pues entiende imposible que el máximo responsable del holding pudiera saber las cosas que hacían sus colaboradores. En conclusión, parece ser que un Presidente de la Nación debe saber todo cuanto ocurre en el Estado, pero el presidente de un grupo empresario puede desconocer cómo sus gerentes llevan adelante negocios que realizan con el dinero que le administran.

 

Parece ser que la directora de la Oficina Anticorrupción no querella a los funcionarios del actual Gobierno involucrados en presuntos hechos de corrupción porque no cuenta con recursos. Pero parece ser que sí tiene recursos para querellar (muchas veces disparatadamente) a los que fueron funcionarios del anterior Gobierno.

 

Todo esto que "parece ser" ocurre realmente en la Argentina del presente. Tenemos jueces que responden a la presión oficial o mediática y se olvidan de su deber de impartir Justicia. Tenemos "grandes periodistas" enredados en vergonzosas operaciones extorsivas, políticas y judiciales que se olvidan de su deber de informar imparcialmente. Tenemos fiscales en rebeldía, fiscales encubridores y fiscales arrepentidos de sus delitos que se olvidan que su deber es defender a la sociedad. Tenemos un defensor oficial que actúa como un fiscal a partir de sus simpatías políticas que se olvida del deber que tiene de garantizar la defensa en juicio a quien se lo reclama. Tenemos investigadores que solo se preocupan de investigar la corrupción del opositor y olvidan que su deber es combatir la corrupción de todos. Tenemos jueces que exculpan empresarios con los mismos argumentos con los que condenan políticos porque no actúan como jueces sino como gendarmes del poder económico.

 

Vivimos en un país con más de un estándar de moralidad pública y parece no haber disposición a reaccionar ante semejante indecencia. Uno escribe estas cosas agobiado por el desencanto. Indefectiblemente uno se pregunta en qué momento la Argentina recuperará el sentido crítico y entenderá cuánto retrocedemos cuando estas prácticas se vuelven constantes.

 

En un Estado de derecho las garantías existen para que el poder no se vuelva abusivo respecto de los ciudadanos. Cuando el poder se extralimita, uno espera que sean los fiscales y los jueces quienes impongan justicia y permitan recuperar la paz social que se altera con ese abuso. Pero si los fiscales y los jueces se complotan con el poder político, empresario o mediático, entonces crecen las posibilidades de que el Estado de derecho se enferme y así contamine irremediablemente la paz social.

 

No es justo decir que semejante infamia afecte a todos los fiscales y jueces por igual. Pero es necesario advertir que hemos llegado a un estado de degradación de tal magnitud que es necesario empezar a pensar como corregirlo. Debemos hacerlo porque este sistema no se corresponde con el de una república. Tiene más que ver con aquella Justicia de la dictadura que perseguía y encarcelaba opositores o atribulaba a empresarios con detenciones y procesos con el único propósito de que los amigos del poder rapiñen sus bienes.

 

Y los argentinos no nos merecemos nada de esto. Nadie quiere prohijar la corrupción ni favorecer la impunidad de un culpable. Solo se busca la preservación de la ley antes que la de cualquier otro interés.

 

Ese es el desafío que debemos asumir para no vivir en una jungla donde solo disfrutan los poderosos y sus amigos. Porque en una jungla de ese tipo la libertad y las garantías individuales son devoradas. Y ya sabemos cuál es el costo de tolerar al ogro que las devora.

 

El autor fue jefe de Gabinete de la Nación (2003-2008).







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