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Por los problemas judiciales del empresario K y de su Grupo Indalo, no puede pagar sueldos ni a los proveedores por tener las cuentas embargadas, su producción cae mes a mes y también debe hacer frente a una suba del 40% de la tarifa del gas.

Mientras el juez que entiende en la causa de Oil Combustibles S.A (OCSA) abrió un plazo de siete días para encontrar un nuevo dueño a la petrolera de Cristóbal López, otra de las sociedades propiedad del empresario kirchnerista atraviesa una crítica situación que hasta podría derivar en su cierre definitivo. Se trata de Alcalis de la Patagonia (ALPAT), la única empresa de Sudamérica productora de carbonato de sodio, con  capacidad para 25.000 toneladas anuales en su planta de la localidad de Punta Delgado, en la provincia de Río Negro, donde emplea a 450 personas.

La empresa, controlada desde el 2006 dor el Grupo Indalo, es proveedora de materia prima clave para la fabricación de una amplia gama de artículos usados en la vida diaria, desde vidrio (vasos, botellas, ventanas), hasta la potabilización del agua, pasando por jabón en polvo y papel. Incluso llegó a exportar sus productos a Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Pero desde que el holding creado por Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa comenzó a atravesar una profunda crisis que derivó incluso en el encarcelamiento de ambos empresarios y en la posibilidad de una quiebra no sólo de Oil Combustibles, sino de todas las empresas de Indalo, ALPAT viene perdiendo mercado, su personal no cobra a tiempo y su producción es cada vez menor.

A este complicado escenario ahora le sumó un aumento del 40% en la tarifa de gas, que en su caso ya fue aplicado desde el 1 de abril y que la obliga abonar $9 millones semanales por el consumo de este servicio. Es decir, casi tres masas salariales mensuales. Representantes de los trabajadores de esta compañía viajaron esta semana a Buenos Aires para exponer la crisis que sufren ante las comisiones de Industria y de Energía de la Cámara de Diputados, aunque regresaron a su provincia sin mayores soluciones.

El objetivo de los encuentros es el de nacionalizar el conflicto de ALPAT frente al impacto que no solamente tiene la crisis en sus trabajadores, sino también en la comunidad de San Antonio Oeste ya que gran parte de su economía depende del funcionamiento de esta planta que elabora soda solvay. En la actualidad, la producción de ALPAT cayó a las 14.000 toneladas en gran parte debido a la apertura de las importaciones de China, encendió las luces de alerta en toda la comunidad debido al impacto que su crisis puede tener en la región.

Lejos quedaron los tiempos de bonanza para una empresa con producción única en toda Sudamérica y a la cual el Grupo Indalo desembarcó en 2006.  Un año antes, el gobierno de Néstor Kirchner había favorecido a ALPAT al modificar una serie de condiciones vinculadas con exenciones y diferimientos impositivos a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y de la sustitución de una deuda a favor del Estado nacional de $250 millones por un paquete accionario de ínfimo valor a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).

La maniobra fue denunciada ante la justicia por el fiscal Sergio Rodriguez, para quien se trató de un ilícito del cual formaron parte casi todo el gabinete que por esos años rodeaba a Néstor Kirchner al haber permitido la reformulación del régimen de promoción industrial de ALPAT que regía desde 1976. Por esos cambios, la empresa logró beneficios y diferimientos fiscales por 10 años.







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